(Fuente: www.producciontucuman.
El encuentro sirvió para exponer al ministro la situación actual de la quema de caña en la provincia.
Con el fin de garantizar la sustentabilidad de la industria, ya fueron certificadas 18.900 hectáreas en lo que va del año, pudiendo alcanzar a fines del 2018 las 30 mil hectáreas. Así lo expresó el subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, que destacó el esfuerzo que realizan los productores para adecuarse a las normativas ambientales y erradicar la quema de cañaverales que en la provincia superan las 200 mil hectáreas.
En este sentido, el asesor de Consorcios Regionales Agrícolas Manuel Ponce, comentó que “el sector productivo viene haciendo esfuerzos contra la quema de cañaverales”, sin embargo “esta semana tuvimos quemas indiscriminada por eso con ayuda del Estado queremos reducir este flagelo”.
Nilce Felipe, de INTA Famaillá, comentó que “desde el 2010 estamos realizando un trabajo interdisciplinario del que participan instituciones de ciencia y tecnología como INTA, la Estación Agroindustrial Obispo Colombres, organizaciones gubernamentales y productores”. Resaltó que este año se profundizó en la concientización. De este modo, “articulamos esfuerzos con Salud y Educación, capacitamos a agentes sanitarios que visitan escuelas rurales. También realizamos difusión de notas periodísticas, en diversos medios masivos”.
La Mesa de Gestión Ambiental
Es un espacio de trabajo donde convergen instituciones del estado provincial, del sector privado y de la sociedad civil. La misma busca promover prácticas sustentables, fortalecer la función educativa, preventiva, fiscalizadora y sancionatoria ambiental y contribuir a la competitividad comercial del azúcar producido en Tucumán, que se verá favorecida al contar con el certificado Local GAP, avalado por Global GAP, que garantiza la Buenas Prácticas Agrícolas en más de 100 países y, en la mayoría de los casos, es exigida por las cadenas multinacionales de supermercados para ingresar productos a sus góndolas.
La organización está integrada, además, por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Fiscalización Ambiental, Dirección de Defensa Civil, SIPROSA, Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas, EEAOC, Empresa Transener S.A., productores independientes, empresas cañeras, ingenios sucro-alcoholeros, entre otros.