(Fuente: www.lagaceta.com.ar) El Gobierno adelantó que recurrirá a la vía judicial para tratar de frenar la norma porque “no responde a ningún criterio sanitario”. Según Manzur, la intención es que la medida que prohíbe exhibir el endulzante en locales gastronómicos de la ciudad de Córdoba sea declarada inconstitucional.
A casi un mes de la finalización de la zafra, los factores azucareros se encuentran con un impensado frente de tormenta: las restricciones para el consumo del endulzante. Si bien hasta ahora se conoce solo que la ciudad de Córdoba impondrá, por ordenanza, las limitaciones para el uso de azúcar en establecimientos gastronómicos de su jurisdicción, en la Casa de Gobierno temen que la medida se replique en otros municipios de la Argentina. Por esa razón, el gobernador Juan Manzur, junto al vice Osvaldo Jaldo, adoptó ayer dos disposiciones.
Por un lado, dio la instrucción, por decreto, para que el fiscal de Estado, Daniel Leiva, accione judicialmente contra la ordenanza cordobesa, alegando su inconstitucionalidad.
Por el otro, convocó a industriales, cañeros y representantes sindicales de los obreros del surco a una cumbre prevista para mañana, desde las 11, en la Casa de Gobierno. “Esta ordenanza nos preocupa porque no responde a ningún criterio sanitario. Yo he defendido el azúcar en Ginebra y en distintos lugares porque cada tanto hay una avanzada de estas características en contra de nuestra principal producción. Por eso decidimos ponernos al frente de la defensa del azúcar”, señaló ayer Manzur, en diálogo exclusivo con LA GACETA.
Desde su despacho en Casa de Gobierno y en compañía de Jaldo, el mandatario deslizó una clara intencionalidad política en esta maniobra. “De esta actividad viven miles de familias tucumanas. Hoy tenemos los 15 ingenios produciendo, la cosecha viene bien, estamos diversificando con la producción de etanol y la cogeneración de energía y de golpe viene una resolución sin sentido que atenta contra todo esto. Yo atribuyo esta ordenanza al desconocimiento puro de los cordobeses. No quiero pensar mal, pero el municipio de Córdoba pertenece a Cambiemos”, agregó Manzur.
Por eso, puntualizó, firmó ayer un decreto instruyendo a las áreas legales de la Provincia a iniciar las acciones necesarias para la protección y defensa de los intereses de Tucumán. “La idea es que esta ordenanza sea declara inconstitucional, porque carece de sustento sólido y porque genera un daño concreto contra la provincia”, agregó.
La preocupación más grande radica, según el gobernador, en la posibilidad de que otros municipios adopten la misma ordenanza. “Esto debe ser detenido ahora porque de lo contrario se difundirá. Además, se trata de uno de los municipios más importantes del país. Por eso nos pondremos al frente de la defensa del azúcar hasta las últimas instancias. No es normal lo que está pasando”, manifestó.