El Centro Azucarero Argentino emitió un comunicado en el que informa que el sector vitivinícola evitó su participación en una Audiencia Pública realizada en el Senado de la Nación por la Ley de Uso de Jugos Naturales.
El Centro Azucarero Argentino (CAA) informó a través de un comunicado que no fue invitado a participar de una audiencia pública, que se realizó ayer miércoles 26 de noviembre en el Senado de la Nación, en la que se trató la Ley de Uso de Jugos Naturales, más conocido como Ley del Mosto.
La sesión fue promovida por el sector vitivinícola, que busca colocar excedentes de mosto en el sector de bebidas no alcohólicas, para lo cual reclaman que se aplique un fuerte aumento de los impuestos internos a las bebidas endulzadas con azúcar.
El comunicado
EL SECTOR VITIVINÍCOLA EVITÓ LA PARTICIPACIÓN DEL AZUCARERO EN UNA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EN EL SENADO DE LA NACIÓN
El Centro Azucarero Argentino (CAA), que nuclea a la industria azucarera de la República Argentina, lamenta informar que no fue invitado a participar de la Audiencia Pública realizada ayer en el Senado de la Nación en la cual la industria vitivinícola buscó fundamentar su proyecto denominado Ley de Uso de Jugos Naturales, más conocido como Ley del Mosto, mediante el cual pretende que se le otorguen abusivos beneficios fiscales mediante una reforma de la ley de Impuestos Internos N° 24.674 y sus modificatorias, a costa de la principal economía regional del NOA.
Asimismo el CAA informa que a un ejecutivo de la institución que se presentó de forma espontánea, le fue negada la posibilidad de exponer argumentándose que la lista de expositores de la sesión promovida por el sector vitivinícola había sido confeccionada con anterioridad y estaba cerrada.
En la audiencia, representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y de quienes respaldan el proyecto reiteraron los argumentos que de forma elocuente apuntan a solucionar los problemas estructurales de la industria vitivinícola vía subsidios fiscales que pesarán sobre el público consumidor de bebidas no alcohólicas, y los sectores productores y distribuidores de esos productos, así como sobre la industria azucarera.
Los argumentos de los vitivinícolas se apoyan asimismo en una burda campaña internacional sin sustento científico probado que responsabiliza al consumo de azúcar como uno de los principales factores de la obesidad y otros tipos de enfermedades no transmisibles (ENT). De esta manera falaz, en la búsqueda de un beneficio propio están afectando no solamente intereses económicos y comerciales y los de toda una economía regional, sino también la tranquilidad del consumidor.
El sector vitivinícola reiteró en la denominada Audiencia Pública su planteo de modificación del art. 26 de la ley de Impuestos Internos N° 24.674 y sus modificatorias, con el objetivo de incrementar las alícuotas de las bebidas analcohólicas de 8 al 28%.
Recientemente la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) en una nota que dirigió al ministro de economía, Axel Kicillof, manifestó su rechazo a este proyecto destacando “el alto impacto negativo en la actividad de producción y comercialización de alimentos y bebidas” que tendría su aprobación. La cámara de empresas de productos alimenticios puntualizó que de prosperar los proyectos presentados, la tasa efectiva de las nuevas alícuotas pasaría de 8,7 a 38,9% por cuanto el propio impuesto integra la base gravada a los fines de la determinación.
La COPAL alertó que un aumento de tal magnitud “generará un impacto negativo en el nivel de actividad de las empresas elaboradoras de bebidas como así también de insumos que integran la elaboración de las mismas, afectando directamente el empleo y las inversiones a realizar por parte de estos sectores.
Por otra parte, la COPAL rechazó la promoción del desarrollo de un determinado sector industrial “sobre la base de crear nuevas condiciones desventajosas para otros sectores generando desequilibrios que impactarán sobre el nivel de actividad de empresas ya instaladas”. “La promoción de actividades regionales debería realizarse a través de estímulos a esos sectores económicos que no impliquen modificaciones desventajosas sobre otras producciones”, dijo la entidad en su nota al Ministro de Economía.
La entidad destacó que al incrementarse tan sensiblemente el impuesto sobre productos de consumo masivo, también “se generará un efecto negativo sobre la demanda de los productos finales por el impacto directo del impuesto en el precio de los mismos y en el costo final para los consumidores”.
Con anterioridad, en una nota personalizada dirigida a todos los legisladores del Congreso Nacional, señalada con la referencia “Objeciones de la Actividad Azucarera a la propuesta de la ‘Ley del Mosto’”, el CAA advirtió que el efecto real que producirá la medida, si fuera aprobada, sería “una caída de la demanda de azúcar igual o mayor al crecimiento de los precios de las gaseosas, en un 38%”.
La nota indica que la COVIAR no menciona los efectos que la medida tendría sobre la economía en general, tales como “el impacto inflacionario que generará un incremento de los precios de las gaseosas de hasta un 38%” y “la contribución a la caída del consumo de alimentos y bebidas por el efecto precio ya mencionado”.
Otras consecuencias negativas que avizora el CAA son “pérdidas de puestos de trabajo en el sector cañero, en los ingenios del NOA y del NEA, en las embotelladoras de todo el país”, “caída de la recaudación total de impuestos” y “caída de demanda de bebidas gaseosas azucaradas y su correlato en la demanda de azúcar y de cualquier otro edulcorante que se utilice”.
El sector azucarero está compuesto por 23 ingenios y alrededor de 6.000 cañeros independientes, distribuidos en las provincias del NEA y el NOA argentinos; genera 50.000 empleos directos y alrededor de 250.000 indirectos, y es la principal fuente de ingreso del NOA.
El CAA manifestó en su carta que comparte “la preocupación de la actividad vitivinícola de querer encontrar solución al problema estructural del sector que lo lleva a producir mosto por la gran cantidad de uva común que se produce”, pero advierte seguidamente que “no será a costa de nuestra actividad azucarera donde debe buscarse la solución”.
Describió el CAA que “los países que producen vino destinan sus uvas a esa producción y no al mosto por la única razón de que es significativamente más redituable” pero que ese “no es el caso en nuestro país por la importancia de la uva común en el producido total de uva y por su baja calidad al vinificarse”.
El CAA observó que “la industria vitivinícola argentina ha sido favorecida con un tratamiento impositivo privilegiado al disponerse que tanto el vino como el champagne sean las únicas bebidas que no pagan Impuestos Internos”, beneficio del que gozan desde 1996 y que “la reconversión de la vitivinicultura argentina no impidió que la producción de mosto siguiera creciendo, como un contrasentido al desarrollo”. Por tanto advirtió que “este nuevo beneficio que solicitan sólo generará un nuevo crecimiento de la superficie con uva común y por ende del mosto producido”.
Subrayó por otra parte que “volcar los excedentes de mosto en el mercado interno a fuerza de incrementar las alícuotas de impuestos internos de un tercer sector en forma totalmente distorsiva, es a todas luces inequitativo. No resulta positivo paliar los problemas de un sector afectando a otros, particularmente tratándose de una economía regional como la azucarera”.
El CAA destacó que los impulsores de la medida argumentan que “la actividad azucarera saldría beneficiada ya que se generaría una reducción de la alícuota, del 28% al 18% cuando se utilice azúcar y mosto en determinadas proporciones” pero que en realidad “lo que sucede es un incremento de la alícuota del actual 8% al 18% o lo que es más grave al 28%”.
Asimismo apuntó que “se definió en el proyecto una participación para el azúcar en las bebidas azucaradas mayor a la que indica el mercado hoy, sin tener en cuenta la existencia de un mercado, ni la existencia de fórmulas, algunas de ellas secretas, de aplicación en el mundo entero, todo lo cual permite asegurar que el único efecto real que producirá la medida, si fuera aprobada, sería el de una caída de la demanda de azúcar igual o mayor al crecimiento de los precios de las gaseosas, en un 38%”.
Embajador Fernando Nebbia
Presidente del CAA